Las Cortes de Castilla y León, tanto en su versión histórica como en la actualidad, poseen un origen que se remonta al siglo XII, convirtiéndose en una de las instituciones representativas más antiguas de Europa. Su legado histórico se inicia en 1188, cuando se documenta la convocatoria realizada por Alfonso IX de León, donde se congregaron representantes de ciudades, villas, nobleza y clero.

En el Reino de Castilla, se presume que la primera convocatoria de Cortes se llevó a cabo en 1187 por Alfonso VIII, teniendo como escenario San Esteban de Gormaz. En esta asamblea, se dieron cita representantes de cincuenta ciudades, marcando un precedente significativo.

Todas estas reuniones a lo largo de los siglos sirvieron de base para la creación de las actuales Cortes democráticas, establecidas mediante el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, cuya primera sesión se celebró en 1983.

Hoy en día, las Cortes de Castilla y León desempeñan diversas funciones esenciales. Entre ellas, destacan la capacidad legislativa dentro del marco definido por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad y la función de supervisar y controlar las actividades de la Junta y su Presidente. Además, tienen la responsabilidad de aprobar los presupuestos, elegir al Presidente de la Junta, designar a los Senadores autonómicos y administrar la imposición y recaudación de tributos.

En lo que respecta a su composición, las Cortes se encuentran integradas por Procuradores, elegidos mediante sufragio universal. Cada provincia cuenta con un número mínimo de tres Procuradores, y se añade uno adicional por cada 45,000 habitantes o fracción superior a 22,500. Estos Procuradores tienen un mandato de cuatro años en términos generales.